El Gobierno apuesta por la desinstitucionalización de personas con discapacidad como política de Estado

31/03/2023

El Centro Español de Documentación e Investigación sobre Discapacidad (CEDID), centro público del Ministerio de Derechos Sociales y Agenda 2030, reúne a representantes del Tercer Sector, la Administración y la Universidad en un seminario temático sobre desinstitucionalización.

Captura de pantalla del seminario web, con todas los participantes, el moderador y la intérprete de lengua de signos española

Este jueves el Centro Español de Documentación e Investigación sobre Discapacidad (CEDID) centro del Ministerio de Derechos Sociales y Agenda 2030 a través del Real Patronato sobre Discapacidad ha celebrado el seminario ‘Desinstitucionalización. El camino para una buena vida en la comunidad’.

Este encuentro, moderado por Joseba Zalakain, director del Servicio de Información e Investigación Social (SIIS), ha consistido en un diálogo entre Berta González Antón, asesora del Gabinete de la Secretaría de Estado de Derechos Sociales; Luis Cayo Pérez Bueno, presidente del Comité Español de Representantes de Personas con Discapacidad (CERMI) y Mª Carmen Barranco Avilés, directora del Instituto de Derechos Humanos Gregorio Peces-Barba de la Universidad Carlos III de Madrid.

Durante su intervención, Berta González Antón ha hablado de la Estrategia Estatal de desinstitucionalización, que se pondrá en marcha en 2024. Se trata de una iniciativa participativa liderada por el Ministerio de Derechos Sociales y Agenda 2030, que propondrá medidas para mejorar los sistemas de apoyo y cuidado a las personas que viven situaciones de vulnerabilidad y exclusión.

Así, ha explicado que “es importante un proceso de cuestionamiento antes de desarrollar políticas públicas”. Además, ha afirmado que “necesitamos espacios de innovación social con propuestas ambiciosas creativas y disruptivas que nos permitan desarrollar estos procesos de transformación.

Por último, ha hablado de cuatro coordenadas para avanzar hacia este horizonte de la desinstitucionalización: sistemas de apoyo personalizados, con soluciones alineadas con el proyecto de vida de la persona; comunidades inclusivas (accesibilidad universal, vínculos con el vecindario, cultura de proximidad en los sistemas de apoyo y cuidados, sistemas de apoyo centrados en el territorio); nuevos roles profesionales, con funciones flexibles centradas en el apoyo y cuidados para la buena vida, y contexto de coproducción, en el que las personas y familias tengan el control sobre los apoyos que reciben y haya un enfoque de participación que ponga en valor la diversidad.

Por su parte, Luis Cayo Pérez Bueno ha declarado que “no pueden darse por válidas soluciones de vida que son impuestas por la vía jurídica y que no aseguran la libertad de cada persona para elegir ese modo de vida”.

Asimismo, ha recordado que en la actualidad “se están generando nuevas formas de institucionalización porque no hay todavía conciencia de que eso debe ser replanteado” y ha apelado a la responsabilidad de las instituciones y al propio movimiento asociativo para que “cualquier estrategia nueva no cree recursos que vayan contra este horizonte”.

También ha señalado la importancia de “actuar para generar en las personas con discapacidad una cultura del empoderamiento, de la afirmación, de los derechos.... Esto tiene que terminar políticamente en una estrategia nacional definida, con presupuesto, indicadores, resultados, que implique a todas las administraciones públicas”. Para finalizar, ha hecho un llamamiento a la sociedad civil organizada que “tiene que ser autoexigente y asumir, revertir y reconfigurar aquello que no esté en línea con esta visión de inclusión”.

Para concluir, Mª Carmen Barranco Avilés ha hablado de desinstitucionalización y los sistemas de protección de los niños, niñas y adolescentes desde el enfoque basado en derechos. En primer lugar, ha explicado por qué la institucionalización no es compatible con los derechos humanos, y es “porque cuando a las personas se les obliga a vivir de este modo no se hace pensando en proteger sus derechos, ni tampoco se tiene en cuenta su opinión, ni tampoco aprenden que tienen derechos y a defenderlos”.

La directora del Instituto de Derechos Humanos Gregorio Peces-Barba ha instado a los estados a “desarrollar estrategias de desinstitucionalización, para proteger a la población vulnerable” y ha recordado la Convención Internacional sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad en su artículo 19 observa el derecho a vivir de forma independiente y a ser incluida en la comunidad, es decir, “el derecho a decidir dónde, cómo y con quién vivir”.

Seminarios por la Accesibilidad Universal 

Este ha sido el último del ciclo de Seminarios por la Accesibilidad Universal que ha organizado el CEDID a través del Real Patronato sobre Discapacidad gracias a los fondos Next Generation del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia

El primero, sobre accesibilidad en la educación, contó con la participación de Emiliano Díez Villoria, profesor  de  la  Universidad  de  Salamanca y miembro del INICO; Lourdes Moreno López, profesora de la Universidad Carlos III de Madrid y responsable de Accesibilidad del CESyA y Emilio Ferreiro Lago, doctorando de Ciencias de la Salud en la Universidad de Castilla-La Mancha.

El segundo seminario abordó la Atención Temprana como el derecho a una infancia plena junto a Ignacio Campoy Cervera, vocal asesor del Real Patronato sobre Discapacidad; Agustín Matía Amor, director gerente de Down España y presidente de la Comisión de Atención Temprana y Desarrollo Infantil del CERMI y Margarita Cañadas Pérez, docente de la Facultad de Psicología y Directora del Centro de Educación Infantil y Atención Temprana L´Alqueria de la UCV.